Percepción de los/las trabajadores/as sociales en relación a los programas de intervención con hombres agresores

Abstract

La violencia familiar es considerada en la actualidad como uno de los más graves problemas psico-socio-culturales que vive la sociedad a nivel mundial. Chile no escapa a este diagnóstico, ya que estudios realizados en el país en las últimas décadas muestran que 1 de cada 4 hogares chilenos reconocen vivir violencia física; diagnóstico que encubre desde ya una cifra negra por cuanto los estudios en general se han planteado en términos de "reconocimiento" de parte de los propios sujetos considerado en ellos. Existe consenso en la actualidad que la violencia intrafamiliar es un fenómeno de carácter social por su magnitud, su multicausalidad y los graves efectos que produce tanto a nivel individual como familiar y social. Diariamente nuestros medios de comunicación dan cuenta de hechos aberrantes cometidos en el seno de la familia, en ese “hogar” que suponemos debe constituirse en el ámbito más protegido de la familia chilena. El fenómeno de la violencia intrafamiliar ha ocupado el interés de los foros internacionales desde hace más de dos décadas. Se ha recorrido un largo camino en la búsqueda de mecanismos que permitan visibilizarla como un problema social que exige un tratamiento de carácter integral de parte de la sociedad. Los organismos dependientes de Naciones Unidas han sido un buen escenario para enfrentar la problemática y sus declaraciones, recomendaciones y convenciones internacionales han ofrecido un marco jurídico generador de compromisos para los Estados Parte que han ido, poco a poco, llevándolos a un grado de permeabilidad frente al fenómeno que se ha expresado, por un lado en la ratificación de tratados internacionales y de acuerdos regionales sobre la materia, como también en iniciativas legales de orden normativo interno. Desde fines de la década pasada en adelante se ha comenzado a hablar de la integralidad e interdependencia de los derechos humanos. Por ello, es preciso comprender, asimilar y apropiarse de la necesidad de protección de los derechos de las personas, no sólo en el ámbito de lo público, sino en el de las relaciones privadas, admitiendo, aunque sea con dolor, la existencia de su transgresión en la intimidad de la vida familiar. Existe conciencia de que los tratados de derechos humanos son diferentes de los tratados clásicos, porque no reglamentan intereses recíprocos entre los Estados, sino que son tratados inspirados por intereses de orden jurídico superior que se resumen en la protección de la persona humana. Durante largo tiempo el valor jurídico asignado a la privacidad e intimidad de las personas impidió reconocer como de competencia del Estado los hechos que ocurren en el seno de la familia, lo que dio lugar a que ésta pudiera convertirse, en cierto modo, en un territorio al margen de la ley, donde los valores de la integridad física y psicológica de sus integrantes, así como el de su libertad obedecieran a regulaciones determinadas por el arbitrio de la parte que detenta mayor poder. Chile ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer en 1989, suscribió los acuerdos mencionados y en 1994 ratificó la Convención Belém do Pará. En razón de ello, nuestros gobiernos han diseñado e implementado políticas que son el reflejo de los compromisos adquiridos por nuestro Estado para este proceso de democratización. Se ha logrado una reforma constitucional que reconoce de manera explícita la igualdad entre el hombre y la mujer chilenos; se han eliminado las arbitrarias diferencias existentes entre los hijos; se han introducido modificaciones al ordenamiento penal en materia de abuso sexual; se han creado los tribunales de familia; se ha elaborado un Plan de Igualdad de Oportunidades, para enunciar sólo algunos esfuerzos para avanzar en el camino de la plena democratización y vigencia de los derechos fundamentales de la persona humana. La aprobación de la primera ley que sanciona la violencia familiar el año 1994 representó, sin duda, un avance importante en términos de su mensaje social y del valor pedagógico que tiene reconocer la ilegitimidad de la violencia como modo de resolver los conflictos en el seno de la familia. No obstante, es importante entender que un cambio en la legislación no garantiza un cambio en las prácticas y, en ese sentido, hay que asumir que la cultura tiene un peso mayor que las mismas leyes. Por eso ellas no bastan por sí solas y las acciones para erradicar la violencia deben ser integrales y sistémicas, y representar un esfuerzo mancomunado de la sociedad en su conjunto. Si bien es indudable que el país ha avanzado considerablemente en términos de la visibilización del problema, sería iluso pensar que existe una conciencia generalmente compartida con respecto al reconocimiento de la ilegitimidad del ejercicio de la violencia como una forma de resolver los conflictos familiares y de la necesidad de asumir como una tarea colectiva la eliminación de este flagelo. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de este país requiere necesariamente profundizar en este tema, por cuanto implica la posibilidad real de una democratización de las relaciones familiares y sociales. La experiencia llevada a cabo desde distintos ámbitos y que se ha ido acumulando a través de ya casi dos décadas ha ido mostrando la validez de una estrategia destinada a descentralizar las acciones específicas orientadas a enfrentar este fenómeno, por cuanto la naturaleza misma de éste exige una respuesta social de parte de los entornos más cercanos a los involucrados, puesto que el aislamiento, el silencio y la vergüenza con que se vive el problema conspiran en contra de la búsqueda de una ayuda de parte de la víctima que le exija esfuerzos adicionales a lo que significa quebrar el tabú del silencio y el aislamiento. Es indudable que se ha avanzado también en términos de su conceptualización jurídica por cuanto de ser una mera falta en sus inicios de penalización se ha ido logrando su tipificación como delito agravado, lo cual da cuenta de un reconocimiento de su carácter violatorio de derechos fundamentales. En la protección de los derechos humanos entran en juego muchos agentes sociales que deben ser formados y capacitados para que puedan poner en operación el sistema de protección en sus distintos ámbitos. No es sólo un problema de cómo manejar la legislación, sino de cómo aprovechar esos mecanismos y otros recursos disponibles para cada caso. Entre los agentes sociales relevantes para intervenir en este campo, los /las Trabajadores/as Sociales han sido considerados un recurso de inestimable valor por quienes han estado a cargo de estructurar programas tanto de prevención como de intervención. Para ello, basta mencionar los Centros de Información sobre Derechos de la Mujer, del Servicio Nacional de la Mujer, tanto a nivel nacional como regional y local; los Centros de Violencia Familiar de diversas municipalidades tanto de la región metropolitana como de otras ciudades de las catorce regiones del país, primero en los tribunales civiles a través de las oficinas de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, después en los tribunales de familia, cuando el tema entró en el ámbito de su competencia. Siempre ha habido un/a Trabajador/a Social contemplado/a para integrar los equipos de trabajo multidisciplinarios a cargo de implementar las políticas diseñadas desde que el gobierno democrático incorporó este tema en la agenda pública. Teniendo presente lo anterior, nos ha parecido de interés focalizar nuestra atención en investigar cuál es el sentido que le otorgan los/las Trabajadores/as Sociales desde su disciplina, específicamente en las intervenciones que se han venido llevando a cabo con los hombres agresores, de tal manera de comprender si los modelos de intervención aplicados para los tratamientos de hombres agresores se ajustan a las necesidades de los individuos y permiten una intervención efectiva, por lo tanto, el discurso de los profesionales será fundamental para conocer esta realidad y aportar con información que permita contribuir al cambio o tal vez a la mejora de ciertas debilidades que puedan presentar los lineamientos de trabajo establecidos por las instituciones correspondientes. Por cuanto estimamos relevante este sesgo toda vez que la mayoría de las investigaciones se han centrado en el trabajo que se ha realizado con las víctimas. Entendemos la lógica de ello, por cuanto la mayoría de los recursos disponibles se han empleado en el tratamiento a las víctimas de la violencia, que como muestran las estadísticas, son mayoritariamente las mujeres.